España avanza hacia la prohibición de anuncios de coches de gasolina y diésel: nueva Ley de Consumo Sostenible plantea un giro radical

Los icónicos lemas publicitarios que marcaron generaciones —como el célebre “¿Te gusta conducir?”— podrían tener los días contados en España, al menos cuando se apliquen a vehículos con motores de combustión interna. Un nuevo anteproyecto de ley presentado por el Gobierno contempla la prohibición total de anuncios que promuevan autos de gasolina o diésel, como parte de una estrategia más amplia para acelerar la transición ecológica y combatir el cambio climático.

La propuesta está incluida en la futura Ley de Consumo Sostenible, una normativa ambiciosa que busca erradicar toda publicidad relacionada con productos energéticos formados exclusivamente por derivados fósiles, sin importar si se trata de automóviles, combustibles o cualquier otra fuente energética no renovable. La excepción se encuentra en el gas natural, que por ahora no será objeto de esta prohibición.

El objetivo es claro: marginar productos considerados responsables del efecto invernadero y del deterioro ambiental, en favor de alternativas limpias y sostenibles. En el caso concreto del sector automotor, esta medida supondría un cambio profundo para la industria publicitaria, que históricamente ha utilizado el atractivo emocional de los coches con motor a combustión para construir mensajes de libertad, poder y sofisticación.

Pero los coches no son el único foco de esta legislación. El texto también apunta a otras formas de consumo que el Gobierno considera insostenibles. Por ejemplo, plantea vetar la publicidad de vuelos de corta distancia dentro de la península, siempre que exista una alternativa ferroviaria viable. Esta cláusula busca fomentar el transporte más ecológico y reducir las emisiones del sector aéreo.

Asimismo, se plantea restringir lo que se conoce como “ecopostureo”: afirmaciones vagas o imposibles de verificar sobre la sostenibilidad de un producto, como etiquetas que aluden a un valor ecológico sin respaldo técnico. También se sancionarán los mensajes alarmistas que no estén sustentados en datos verificables, con el fin de combatir la publicidad del miedo.

La ley contempla incluso aspectos más amplios del consumo, como la reventa de entradas para eventos culturales, y propone un paquete fiscal basado en el principio de “quien más contamina, más paga”. Según datos compartidos por el propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el 1 % de la población española emite más contaminantes que 12 millones de personas juntas, lo que ha impulsado al Ejecutivo a actuar con mayor firmeza.

Pablo Bustinduy, titular de dicha cartera, ha explicado que esta iniciativa responde a la necesidad urgente de “acelerar la transición productiva hacia modelos más accesibles y sostenibles”, en un contexto global marcado por la emergencia climática y la creciente presión sobre los recursos naturales.

Cabe destacar que, al tratarse de un anteproyecto, la Ley de Consumo Sostenible aún debe atravesar el proceso legislativo completo. Esto incluye su paso por el Parlamento, donde podría ser modificada, matizada o incluso ampliada. Sin embargo, su mera presentación ya genera un fuerte debate sobre el futuro de la publicidad, la libertad de consumo y el papel del Estado en la regulación ecológica.

De aprobarse sin cambios sustanciales, esta ley marcaría un punto de inflexión en la forma en que las marcas pueden comunicar sus productos en España. Para la industria automotriz, implicaría rediseñar sus estrategias de marketing, enfocándose exclusivamente en modelos electrificados o híbridos con componentes renovables. Y para los consumidores, significaría un entorno publicitario más alineado con las metas climáticas y los compromisos asumidos en materia de sostenibilidad.

España se posiciona así a la vanguardia de las regulaciones publicitarias verdes en Europa, siguiendo el ejemplo de otros países que han comenzado a restringir o supervisar la promoción de productos contaminantes. Lo que antes era una elección voluntaria por parte de las marcas, pronto podría convertirse en una obligación legal.