Uber aumenta tarifas en México tras reforma laboral y desata críticas del gobierno

Uber ha anunciado un incremento de hasta el 7 % en sus tarifas en México, decisión que ha generado una fuerte respuesta del gobierno federal. La plataforma justificó esta alza como una medida para cubrir los nuevos costos derivados de la reciente reforma laboral que exige otorgar prestaciones sociales a los conductores, tales como seguridad social, aguinaldo y reparto de utilidades.

A partir de ahora, en cada recibo de viaje aparecerá una nueva línea bajo el concepto “cuota de solicitud + ajuste por ley laboral”, la cual, según Uber, permitirá afrontar los gastos derivados del nuevo marco legal sin afectar los ingresos de los socios conductores. La empresa asegura que este ajuste solo aplicará a los viajes en los que los conductores cumplan con los criterios establecidos por la reforma.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) calificó la medida como unilateral e injustificada. De acuerdo con la dependencia, Uber se comprometió previamente a no trasladar los costos de la reforma a los usuarios, por lo que el incremento ha sido interpretado como una falta de responsabilidad frente a los acuerdos establecidos. También acusó a la plataforma de no haber presentado evidencia suficiente sobre la necesidad de este aumento.

Por su parte, el gobierno federal expresó que empresas como Uber tienen márgenes de ganancia suficientes para absorber los nuevos costos laborales sin impactar directamente al consumidor. Claudia Sheinbaum, en representación del Ejecutivo, consideró que el incremento “no tiene razón de ser” y reiteró que los derechos laborales no deben convertirse en excusa para encarecer los servicios.

En respuesta, Profeco anunció que iniciará operativos para verificar que la nueva tarifa no constituya un abuso hacia los consumidores y que la información proporcionada sea clara y precisa. Las inspecciones también se enfocarán en determinar si el ajuste se implementa de manera proporcional y justificada.

Este incremento se da en el marco de una reforma que, desde el 1 de julio, obliga a plataformas digitales a reconocer como trabajadores formales a sus repartidores y conductores que generen al menos un salario mínimo mensual. Esto implica otorgar acceso a prestaciones sociales sin modificar el carácter flexible de la relación laboral. La fase de implementación se encuentra en un periodo de prueba de seis meses.

El anuncio de Uber marca un nuevo punto de tensión entre las empresas de movilidad y el gobierno mexicano. Mientras la plataforma sostiene que busca mantener la sostenibilidad operativa en un entorno regulatorio más estricto, las autoridades consideran que la empresa intenta trasladar sus obligaciones a los usuarios de forma anticipada y sin consenso.

La discusión seguirá abierta durante los próximos meses, especialmente cuando concluya la fase piloto de la reforma. Por ahora, millones de usuarios deberán enfrentarse a un nuevo costo al solicitar un viaje, en medio de un debate sobre derechos laborales, transparencia empresarial y el papel del Estado en la regulación de las plataformas digitales.