Stellantis, el grupo automotriz resultante de la fusión entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y PSA Group, ha sido sancionado con una multa de 4,2 millones de dólares por la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) debido a violaciones de las normas de calidad del aire. La infracción se relaciona con la instalación de un dispositivo no autorizado en vehículos Ram ProMaster 1500, 2500 y 3500, equipados con motores diésel de 3.0 litros, comercializados entre 2014 y 2016.
Este dispositivo permitía que los vehículos eludieran los controles de emisiones durante las pruebas de certificación, resultando en la emisión de aproximadamente 55 toneladas adicionales de óxidos de nitrógeno (NOx) en condiciones de conducción reales. Los NOx son contaminantes que contribuyen significativamente a la formación de smog y problemas respiratorios en la población.
La sanción económica impuesta a Stellantis se desglosa en dos partes: más de 2 millones de dólares en concepto de multa civil, destinados al Fondo de Control de la Contaminación del Aire de California, y aproximadamente 2,1 millones de dólares para financiar un proyecto ambiental suplementario. Este proyecto incentivará la reducción de velocidad de los buques de carga oceánicos en áreas específicas durante las temporadas pico de ballenas y ozono, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y proteger la vida silvestre.
Además de la multa, Stellantis se ha comprometido a realizar una llamada a revisión de los vehículos afectados para modificar sus sistemas de control de emisiones, asegurando su conformidad con las regulaciones estatales vigentes. Este compromiso busca mitigar el impacto ambiental generado por las emisiones excesivas de los vehículos involucrados.
Este incidente no es aislado para Stellantis. En junio de 2022, la empresa se declaró culpable de conspiración criminal y acordó pagar aproximadamente 300 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos relacionada con fraude en emisiones diésel. Asimismo, en 2019, California alcanzó un acuerdo con FCA por el uso de software de desactivación de emisiones en más de 100,000 vehículos diésel a nivel nacional, de los cuales el estado recibió más de 78 millones de dólares de un total de 500 millones.
En comparación, el Grupo Volkswagen enfrentó sanciones mucho más severas por el escándalo conocido como “Dieselgate”. En Europa, Volkswagen fue multado con 1,000 millones de euros, mientras que en Estados Unidos las sanciones ascendieron a aproximadamente 4,100 millones de euros. Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud del fraude cometido y las consecuencias financieras derivadas.
La manipulación de emisiones por parte de los fabricantes de automóviles ha tenido repercusiones significativas en la industria, generando desconfianza entre los consumidores y llevando a una mayor vigilancia por parte de las autoridades regulatorias. Estos incidentes han impulsado la implementación de normativas más estrictas y la adopción de tecnologías más limpias en la producción de vehículos.
La sanción impuesta a Stellantis en California subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones ambientales en la industria automotriz. Las autoridades continúan reforzando las medidas para garantizar que los fabricantes operen dentro de los estándares establecidos, protegiendo así la salud pública y el medio ambiente.
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