Industria automotriz pide flexibilidad ante la reducción a jornada de 40 horas

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha expresado su inquietud ante la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, advirtiendo que una implementación inmediata y sin ajustes pondría en riesgo la operación continua del sector. Esta preocupación se suma a otras presiones que enfrenta la industria, como los aranceles impuestos por Estados Unidos y la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El sector automotriz en México opera los 365 días del año, con plantas que trabajan en tres turnos para mantener una producción diaria de alrededor de 14 mil vehículos. La industria cuenta con 20 plantas ensambladoras, ocho de motores y siete de transmisiones, lo que representa un esquema de producción altamente intensivo y continuo. Ante este panorama, la AMIA ha propuesto que el cálculo de la reducción de jornada se realice en términos de horas y no de días laborables. También ha sugerido incentivos fiscales, como la deducción del 100 % de prestaciones sociales, y ha pedido que el ajuste no se aplique al personal de confianza.

Rogelio Garza, presidente de la AMIA, ha advertido que sin estas adaptaciones, la reforma laboral podría afectar a más de un millón de empleos directos en el sector automotriz, el cual representa el 4.5 % del Producto Interno Bruto nacional y el 35 % de las exportaciones manufactureras. Coparmex ha estimado que, de implementarse sin una transición adecuada, la medida podría generar una pérdida económica anual superior a los 24 mil millones de pesos en estados como Coahuila, donde la industria automotriz tiene una presencia clave.

La propuesta de la AMIA fue presentada en el tercer foro nacional sobre la implementación de la semana laboral de 40 horas, realizado recientemente en Jalisco. En ese espacio, se hizo un llamado a que esta medida se aplique de forma progresiva, tomando en cuenta los desafíos externos que enfrenta el país, como los cambios en las condiciones comerciales con Estados Unidos y la necesidad de preservar la competitividad del sector industrial.

Por otro lado, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha señalado que la reducción de jornada debe aplicarse en un periodo máximo de dos años, rechazando propuestas que apuntan a extenderla hasta 2030. Tanto la AMIA como la CTM y la Coparmex coinciden en que la reforma debe ir acompañada de medidas de apoyo, como incentivos fiscales y mecanismos de adaptación para evitar afectaciones a la estructura operativa y financiera de las empresas.

La industria automotriz mexicana solicita un enfoque equilibrado que permita avanzar hacia mejores condiciones laborales sin poner en riesgo su productividad ni su competitividad global. La clave, según los representantes del sector, está en una transición responsable que respete tanto los derechos de los trabajadores como la viabilidad económica de las empresas.