Vehículos más robados con violencia en México entre junio 2024 y junio 2025

Durante el periodo comprendido entre junio de 2024 y junio de 2025, se reportaron en México un total de 60,625 vehículos asegurados robados, de los cuales una proporción significativa fue sustraída mediante el uso de la violencia. Esta tendencia no solo representa un riesgo económico para los propietarios y aseguradoras, sino también una amenaza directa para la seguridad de los ciudadanos. El robo violento de vehículos ha escalado a niveles alarmantes, alcanzando un 57.31 % del total de los incidentes, lo que indica que más de la mitad de los casos involucraron algún tipo de agresión, intimidación o fuerza física.

Entre los modelos más afectados por esta modalidad delictiva destaca la Toyota Hilux, que lidera la lista con un 86.2 % de sus robos cometidos con violencia. Su robustez, valor de reventa y presencia tanto en zonas urbanas como rurales la convierten en uno de los objetivos predilectos para los delincuentes. Le sigue el Mazda 3, un vehículo popular por su diseño y rendimiento, con un 76.3 % de robos violentos. En tercer lugar aparece la familia Ford F-Series (F-350, F-450, F-550, Estacas, Chasis y Cabina), con un 74.8 %. Estos vehículos, comúnmente utilizados para trabajo pesado o transporte de mercancía, resultan especialmente atractivos para redes delictivas por su capacidad y utilidad. También figura en la lista el semirremolque con caja seca, con un 73.5 % de robos violentos, lo que refleja el interés de los criminales en el transporte de carga y mercancías de alto valor. Cierra el top cinco el Kia Rio, con un 72.8 %, modelo económico y de gran presencia en el parque vehicular mexicano.

El estudio también identifica a las entidades federativas con mayor incidencia de robo con violencia. Sinaloa encabeza la lista con un preocupante 83.98 %, seguido por Guerrero con 78.46 % y Tlaxcala con 74.29 %. Michoacán, Zacatecas, Puebla, Chiapas, Durango, San Luis Potosí y Guanajuato también registran porcentajes superiores al 63 %. Estos datos revelan que el fenómeno no se limita a grandes ciudades, sino que afecta a regiones rurales y zonas de tránsito comercial, donde la presencia de grupos criminales organizados y la limitada capacidad de respuesta de las autoridades agravan la situación.

El alto índice de violencia en los robos vehiculares también tiene repercusiones directas en el mercado de seguros. Las primas tienden a aumentar en zonas de riesgo o para modelos con alta incidencia, mientras que algunas aseguradoras podrían limitar la cobertura o exigir medidas de seguridad adicionales, como sistemas de rastreo, alarmas o dispositivos de bloqueo. Esto implica una mayor carga económica para los propietarios, quienes además deben asumir un riesgo creciente en su vida cotidiana al transitar por rutas potencialmente peligrosas.

La combinación entre vehículos de trabajo, automóviles personales de gran circulación y unidades de carga entre los más robados evidencia que el crimen organizado ha diversificado sus intereses, adaptándose a las oportunidades del mercado ilegal y a las condiciones logísticas del país. La selección de objetivos responde tanto a factores económicos como a la facilidad para interceptarlos, revenderlos o desarmarlos en mercados negros.

Ante este panorama, es imperativo reforzar las estrategias de seguridad a nivel individual y colectivo. La instalación de tecnología preventiva, la toma de rutas seguras, el uso de estacionamientos vigilados y la denuncia oportuna de incidentes pueden ayudar a reducir la exposición. Paralelamente, las autoridades deben enfocar sus esfuerzos en fortalecer la vigilancia carretera, desmantelar redes delictivas dedicadas al robo vehicular y mejorar los sistemas de inteligencia que permitan anticiparse a estos delitos.

Los datos del último año reflejan una realidad cruda: el robo de vehículos con violencia no solo representa una pérdida material, sino un desafío estructural que demanda atención urgente. La seguridad vial y urbana no puede consolidarse mientras más de la mitad de los robos automovilísticos se cometan mediante agresiones directas. Prevenir esta tendencia requerirá de coordinación interinstitucional, inversión tecnológica y una cultura ciudadana que apueste por la denuncia, la prevención y la responsabilidad compartida.